Esta asociación considera que los bosques, y no tanto las plantaciones para la extracción de madera, son un bien público a conservar para generaciones futuras, no solo por derecho propio como fuente de biodiversidad sino porque su existencia previene de los incendios y actúa como retardante en su propagación.
Frente a las ideas estrambóticas que lanzan las distintas administraciones como la de construir anillos de cortafuegos alrededor de los pueblos, Ecologistas Zamora apuesta por incrementar los medios de extinción y por una investigación seria de las causas que provocan y permiten que los incendios puedan estragar paisajes enteros, lugares de interés comunitario, patrimonios de la Humanidad y parques naturales, tal y como ha sucedido este verano.
Del estudio pormenorizado de los incendios de la Culebra en 2022 se extrae la conclusión que los bosques y bosquetes de quercus maduros (robles y encinas principalmente) no solo resistieron mucho mejor al fuego que las especies pirófitas o el monte bajo sino que realizaron un efecto barrera, dificultando el avance de las llamas y protegiendo a las poblaciones. Es por ello que intentar potenciar su antropización ya sea con ganadería extensiva o explotaciones industriales destinadas a biomasa, es un monumental error. Tanto lo primero como lo segundo han de tener espacios diferenciados y en ningún caso deben interferir en el normal desarrollo de los bosques en la provincia, la mayoría de ellos jóvenes y con buena salud.
En relación al decreto12/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León, Ecologistas Zamora manifiesta su total rechazo al considerar que contradice la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León y supone un duro golpe para la conservación, protección y mejora de los ecosistemas y hábitats naturales de carácter forestal, así como de la diversidad biológica y del patrimonio genético y paisajístico ligados a los mismos.
Para Ecologistas Zamora, este decreto anula el Plan Forestal de Castilla y León, aprobado en 2002 y que preveía un presupuesto medio anual de 184 millones de euros (de 2001), con una inversión media anual por hectárea de 37,58 euros, con una vigencia hasta abril de 2029. Es obvio que la Junta pretende enterrar definitivamente este Plan que jamás llegó a cumplirse, reduciendo la inversión en protección en el medio ambiente.
Pero lo más grave, según la asociación es el carácter privatizador de la gestión de los montes, que abre las puertas a la participación de todo tipo de empresas y particulares reduciendo escandalosamente la capacidad de protección. En el decreto se habla, textualmente, de extraer ejemplares maduros de los bosques sin atender al más mínimo sentido común, teniendo en cuenta que son los árboles auténticos almacenes de carbono, junto con el suelo que los sostiene, y que son los bosques, por ahora, el único medio eficaz de lucha contra la crisis climática. Liberar millones de toneladas de dióxido de carbono mediante la conversión de los bosques en biomasa, tal y como pretenden diversas empresas que tratan de hacerse con la gestión del monte, es una escandalosa provocación política que requiere una reprobación en las Cortes de Castilla y León.
Por último, esta asociación advierte sobre el riesgo de desertización de los suelos en las montañas quemadas y la presencia de cenizas en el lago de Sanabria, un asunto muy grave que podría repercutir en el estado de las aguas durante años. No debería repetirse el error de intervenir con maquinaria pesada y suprimir los «paraguas» protectores con talas masivas, como se hizo en la Culebra en 2022; pero sobre todo, es preciso actuar con urgencia, acolchar el suelo abrasado con paja y construir diques con troncos en zonas de pendiente. Más adelante, se precisará, recuerda esta asociación, de un sembrado de semillas autóctonas que faciliten la recuperación de las zonas arboladas pérdidas.
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En adjunto enviamos fotografías de 2025 de la Culebra y presentación de recurso ante la Junta.
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