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Esta intervención pretende eliminar una enorme higuera de más de 25 años que se desarrolla en la cuesta de Santa Lucía tras sobrevivir a una poda radical anterior, y acaba con refugios y lugares de reproducción de especies amenazadas y protegidas.

Enmarcadas en el “Plan director de las murallas de Zamora” y financiadas por el Ministerio de Cultura, las obras de restauración iniciadas en la muralla suponen un peligro para la flora y fauna instalada en esta infraestructura del patrimonio histórico de la ciudad. Desde Ecologistas Zamora nos sorprende la ausencia de sensibilidad ambiental de este proyecto, cuyo desarrollo está restando biodiversidad y generando una pérdida de herramientas estratégicas (como la presencia vegetación o fauna autóctona) para que la ciudad pueda adaptarse al cambio climático y sea más habitable.

Un ejemplo de la incompatibilidad de esta intervención es la prevista retirada de una enorme y espléndida higuera que se desarrolla -desde hace más de dos décadas-, en el tramo de muralla que baja a la plaza de Santa Lucía. Su inminente retirada elimina un icono del arbolado urbano del casco antiguo y ha generado un enorme descontento para muchos vecinos de la ciudad, que no ven con buenos ojos su eliminación. Además, este singular árbol aporta refugio, un punto de alimentación y un hábitat de nidificación para numerosas especies de fauna y, mantiene un gran atractivo para el entorno urbano. La eliminación de esta enorme higuera requerirá probablemente, del empleo de herbicidas químicos, un método más que cuestionable por sus posibles impactos en la salud humana de los ciudadanos; además, teniendo en cuenta que en la zona mana agua de origen subterráneo, los efectos de estos productos pueden dispersarse y ser mayores. En el tramo de muralla donde se desarrolla la higuera, también se va a eliminar un saúco.

Por otro lado, las obras de restauración de la muralla están eliminado numerosas oquedades donde existen centenares de refugios y lugares de reproducción de especies amenazadas y protegidas como el murciélago rabudo y el murciélago común, el vencejo común, la grajilla occidental, la salamanquesa común y las lagartijas de pared. Además -y esto es más grave- la intervención se está realizando en plena época de reproducción de muchas de estas especies, destruyendo de esta manera puestas, nidos o crías; indudablemente, esta situación vulnera la legislación ambiental autonómica, regional, estatal o europea en materia de conservación de la naturaleza. Esta situación, debería corregirse con medidas compensatorias, como refugios de murciélagos y cajas nido para las aves afectadas.

Desde Ecologistas Zamora consideramos importante mantener el patrimonio histórico, pero cualquier actuación debe ir acompañada de una completa integración con los elementos naturales que habitan estas infraestructuras. Pensamos que estos ecosistemas creados en torno a las murallas deben ser respetados en cualquier toma de decisiones de restauración actual, ya que se tratan de espacios llenos de vida que conviven con nosotros y que, además, hoy son objeto de la mayor atención y sensibilidad en el contexto de la actual crisis climática que afecta a nuestra supervivencia. De otra manera, con estas intervenciones estamos cometiendo el error de reducir la biodiversidad de nuestras ciudades, un elemento también imprescindible, cada vez más demandado por los zamoranos y que contribuye a mejorar la calidad del espacio urbano, al tiempo que ayuda a mitigar el aumento de la temperatura.

Las alegaciones presentadas sobre el proyecto en fase de consultas previas, expresan una serie de preocupaciones fundamentadas en aspectos económicos, ambientales, sociales y de seguridad

Se argumenta en primer lugar que esta infraestructura es innecesaria, ya que no existe una demanda clara y suficiente de hidrógeno verde en Europa para justificar su construcción. Los estudios e informes, como el del Tribunal de Cuentas Europeo, indican que los objetivos de producción e importación de hidrógeno fijados por la Unión Europea parecen basarse en motivos políticos más que en análisis rigurosos y realistas. Además, se señala que la demanda prevista para 2030 no alcanzaría los niveles inicialmente propuestos, lo que podría traducirse en una inversión pública y privada que no tendría retorno, resultando en un despilfarro de recursos.

En segundo lugar, se cuestiona la necesidad de invertir fondos públicos en un proyecto de estas características, sugiriendo que estos recursos podrían emplearse mejor en alternativas más eficaces y probadas, como la electrificación directa, el autoconsumo, la mejora de la eficiencia energética y el impulso a comunidades energéticas. La prioridad, según estas alegaciones, debería ser reducir la dependencia de tecnologías costosas e ineficientes, y enfocar los esfuerzos en sectores donde la electrificación y otras soluciones puedan ser más efectivas y sostenibles.

Otra preocupación importante es que el proyecto parece seguir una estrategia que mantiene la dependencia del gas fósil, mediante técnicas como el «blending» o mezcla de hidrógeno con gas natural. Esto podría prolongar la utilización de combustibles fósiles en lugar de avanzar hacia una transición energética genuina y limpia. La experiencia de empresas como Enagás y REN indica que estas mezclas no prevén un uso exclusivo de hidrógeno verde en el futuro cercano, lo que pone en duda la verdadera finalidad del gasoducto.

Asimismo, se destaca que el hidrógeno, como vector energético, presenta una eficiencia limitada para su uso en transporte o generación de energía, debido a las pérdidas significativas en cada etapa del proceso, desde la producción mediante electrólisis, hasta su transporte y conversión final en electricidad. Esto hace que su uso sea poco eficiente y costoso, especialmente en comparación con otras tecnologías.

La único interés que Ecologistas Zamora sospecha que existe realmente es el de justificar otras infraestucturas de macro renovables igualmente desafortunadas, por su nula planificación y la desmesurada ocupación de territorios, unas energías, por otra parte, que precisan de una importante fuente fósil, como es el gas natural, para estabilizar la tensión a través de centrales de ciclo combinado. En este sentido, Ecologistas Zamora ha solicitado recientemente una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias a estas industrias mientras no se oriente la producción hacia una forma más distribuida, más comunitaria y más razonable de producción. 

El transporte de hidrógeno a largas distancias también resulta muy costoso y poco eficiente, con riesgos asociados como fugas que pueden tener impactos negativos en el clima, dado que el hidrógeno es un gas de efecto invernadero indirecto. La producción de hidrógeno a gran escala requiere extensos recursos de suelo y agua, lo que puede afectar ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales, además de poner en peligro hábitats protegidos y zonas de gran valor ecológico, como la Reserva de la Biosfera «Meseta Ibérica» y otras áreas de biodiversidad.

Desde el punto de vista social y de seguridad, se expresan preocupaciones sobre los posibles riesgos de accidentes, fugas, explosiones y molestias durante la construcción y operación del gasoducto. La presencia de maquinaria pesada, ruidos y polvo puede afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas. Además, la infraestructura puede representar un riesgo para la salud, especialmente en caso de fugas o fallos en las instalaciones, y puede generar inseguridad en las comunidades, que además no han sido consultadas adecuadamente.

Por todo ello, las alegaciones concluyen que, en base al principio de precaución medioambiental, es necesario detener y reevaluar este proyecto. Se solicita realizar estudios exhaustivos sobre su viabilidad futura, impacto social y económico, y alternativas más sostenibles y eficientes. La prioridad debe ser proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad de las comunidades y promover soluciones energéticas que realmente contribuyan a una transición energética justa y efectiva.

Zamora, a 12 de mayo de 2025

Ecologistas Zamora se felicita por la enorme movilización vecinal que están suscitando proyectos como este en toda la provincia, que ha dado lugar a la creación de la federación de plataformas “Zamora en Pie”, y agradece particularmente a la Asociación Sanfonpi en Pie la aportación de información para completar estas alegaciones.

En sus alegaciones, Ecologistas Zamora destaca el tamaño desmedido de esta macro factoría, cuyas dimensiones exceden los mínimos razonables para una economía circular y de proximidad. 

La desproporción de la balsa de digestato en una ya declarada Zona Vulnerable por nitratos en Castilla y León, hace inútil el principio de precaución frente a las medidas de control detalladas en el proyecto, comprometiendo de forma irreversible los acuíferos.

En esta dirección, Ecologistas Zamora pone sobre alerta la proximidad a la Reserva Natural “Lagunas de Villafáfila”, que engloba una zona ZEPA, y a dos espacios IBA, lo que significa un atentado al medio ambiente, con un fuerte impacto sobre la flora y fauna.

Esta asociación destaca así mismo, la oleada de proyectos de biogás y biometano que está configurando el mapa de la provincia como una gran burbuja, con un futuro problemático desde el punto de vista económico. Si todos los proyectos de biogás y biometano se aprueban, no va a haber “mierda” suficiente, con lo que el “efecto llamada” será inevitable, uniéndose a otros efectos perversos (disputas por la paja y resto de materias orgánicas, guerra de precios y condiciones de vida de los animales, cierres de pequeñas explotaciones tradicionales, etc).

Además, cabe destacar que el proyecto afecta no solo a San Cebrián de Castro, sino también a todos los municipios colindantes, a los que se les priva de su capacidad de decisión.

Otras consideraciones son: la falta de garantías de continuidad y futuro de una miniempresa de 3.000 euros de capital, que podría no hacerse cargo del desmantelamiento llegado el caso; y la pérdida de valor urbanístico de los pueblos de la zona. También destaca el elevadísimo tráfico de camiones de gran tonelaje (133 diarios) por carreteras comarcales y caminos locales que se generará, además de los ruidos, olores y emisiones, con el consiguiente deterioro de los frágiles firmes de las infraestructuras, pero también de la habitabilidad de la zona.

Todo ello, según Ecologistas Zamora ahondará el malestar social entre los vecinos, pues una de las consecuencias será la cancelación de proyectos alternativos de futuro, contribuyendo penosamente a la aceleración del despoblamiento.

Zamora, a 6 de mayo de 2025

El caos vivido el 28 de abril de 2025 se recordará con un fracaso en la posibilidad de estabilizar la red eléctrica mediante energías que dependen de condiciones ambientales muy variables.

Desde hace tiempo es conocido que las llamadas energías renovables, eólicas y solares, están provocando un exceso de producción eléctrica en determinadas condiciones atmosféricas, que no puede ser estabilizado si no es con otras de carácter constante, como es el gas o la hidroeléctrica. La consecuencia de esta desmesura es, por una parte, un desajuste en la red eléctrica, y por otra que continuamente se desperdicien millones de kilovatios cuando estas industrias han de parar para no provocar colapsos en el sistema. Esto explicaría, por ejemplo, el porqué vemos eólicos sin funcionar en días de viento, o el porqué industrias fotovoltaicas dejan de verter energía a la red en horas de mucho sol.

Por el contrario, el coste ambiental de esta falta de planificación es tremendo. Se masacran los paisajes, se industrializan grandes áreas con una importante biodiversidad, se cercena el uso agrícola del suelo, se arrancan olivos centenarios o se frustran los deseos para volver a un pueblo que dejó de tener atractivos para una vida sana. Todo ello para cubrir la ambición desmedida de determinadas empresas y aprovechar las subvenciones europeas.

Por si fuera poco, estas energías apenas están surtiendo un efecto positivo en la crisis climática, la cual sigue imparable. Se ha de tener en cuenta que solo un veinte por ciento de la energía que usamos es eléctrica, y también todo el coste ecológico y de emisión de gases invernadero tanto en la fabricación como el transporte; además de los residuos que generan, con una vida útil relativamente escasa, cifrada en un par de décadas.

Da la impresión, por otro lado, que todo este despliegue sin control tiene un fin último que la ciudadanía no conoce, y que podría estar relacionado con un previsible aumento del consumo de electricidad por parte de industrias que aún no se han instalado en nuestro país de forma masiva, como son los centros de datos. Sobre esta cuestión, Ecologistas Zamora advierte de los peligros de entrar en una dinámica de espiral donde cada vez se precise un mayor consumo para justificar las inversiones.

Ecologistas Zamora solicita a la Junta de Castilla y León, y al gobierno central, una moratoria consistente en paralizar las nuevas autorizaciones de energía renovable hasta que no exista una regulación efectiva de la producción energética de esta procedencia. Esta regulación debería implicar el tope a una producción descontrolada pero también la confección de un mapa de zonas antropizadas donde estaría permitido el desarrollo de estas fuentes de energía, priorizando un sistema de producción de cercanía y comunitario, mediante el uso de espacios degradados y cualquier otro de carácter urbano, como pueden ser los tejados.

De forma distributiva y en cercanía es la mejor manera de regular la energía de forma eficiente, y este sería el único modo que permitiría hacer compatible este desarrollo con la conservación del medio ambiente.

Se ha solicitado información a la Consejería de Medio Ambiente sobre las necesarias autorizaciones y se ha informado al MITERD de estas actuaciones en hábitats Red Natura 2000.

Con esta nota de prensa, Ecologistas Zamora denuncia públicamente la realización de desbroces en hábitats protegidos por la Unión Europea y en un momento muy crítico para la flora y la fauna de la Sierra de la Culebra: el periodo reproductor. Coincidiendo con los meses primaverales, la eliminación de amplias superficies de matorral y el consiguiente trasiego de maquinaria pesada acarrea diferentes riesgos, como molestias directas, destrucción de nidos y puestas con huevos o la eliminación de amplias zonas usadas por decenas de especies de polinizadores.

En el término municipal de Mahíde, dentro del espacio Red Natura 2000 «Sierra de la Culebra» se han llevado a cabo desbroces con maquinaria pesada en pleno mes de abril y que afectan a hábitats de interés comunitario, como los brezales secos europeos (número 4030), ecosistema protegido por la unión europea que se caracteriza por albergar especies como el brezo negro (Erica australis), el brezo blanquillo (Erica scoparia) mezcladas con brecinas (Halimium ocymoides) y leguminosas como la carqueisa (Pterospartum tridentatum).

En esta época, ya entrada la primavera, se debería evitar este tipo de intervenciones que afectan a decenas de especies de aves, como los acentores comunes, las currucas rabilargas y capirotadas, los alcaudones reales, chochines euroasiáticos, o rapaces amenazadas como el aguilucho cenizo que nidifica en el suelo, entre estos matorrales; de hecho, una pareja de esta especie lleva años sufriendo cambios y simplificación en su hábitat debido a las nuevas repoblaciones de pinos en la zona.

Una situación similar se está llevando en estas fechas en la Pista de Linarejos, donde además de talar castaños y robles, se pretende retirar el matorral bajo el tendido eléctrico paralelo a las vías del tren como medida de prevención de incendios. Entendemos la importancia de realizar estas actuaciones para proteger las masas forestales del fuego, pero consideramos, una vez más, que se deben ejecutar en las épocas oportunas (como invierno).

Por todo ello desde Ecologistas Zamora solicitamos que los desbroces de matorral no se realicen durante la primavera, sino respetando el periodo de reproducción de la fauna, cuando las molestias o la desaparición de refugio pueden ser muy condicionantes y que, además, dispongan de un estudio de impacto al tratarse de zonas protegidas.

Se ha informado de esta situación a la Consejería de Medio Ambiente y al ayuntamiento de Toro.

En plena época de reproducción de numerosas especies protegidas, el pasado fin de semana del 12 y 13 de abril se desarrolló una competición de recorridos de caza en el término municipal de Toro. Organizadas por la Federación Zamorana de Caza con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, estas pruebas desarrolladas en el paraje de Valdeví atrajeron a decenas de participantes. Los recorridos de caza consisten en instalar diferentes máquinas estáticas de lanzan platos con distintas trayectorias que simulan los desplazamientos o la forma de volar de las especies cinegéticas; los participantes disparan a los platos y con la puntuación recogida, compiten dentro de un campeonato regional.

Desde Ecologistas Zamora consideramos que la práctica de estas modalidades en pleno mes de abril, cuando la mayor parte de las especies de aves y mamíferos se encuentra en pleno periodo de reproducción, es una irresponsabilidad por parte de los organizadores y por el ayuntamiento de Toro. Las molestias a la fauna derivadas de decenas y decenas de disparos durante todo el fin de semana suponen, indudablemente, molestias directas a las especies que ocupan la zona y que se pueden expresar de diferentes formas, como el abandono directo de nidos.

Rapaces como el aguililla calzada, el busardo ratonero, el cernícalo vulgar, el azor común, el milano negro y otras especies también protegidas, como el abejaruco europeo usan la zona en diferentes fases de su ciclo vital. Pero, además, el búho real, el mochuelo común y la grajilla occidental se reproducen en el lugar donde se ha organizado el campeonato.

Además, tras los recorridos de caza miles de perdigones quedan abandonados en el campo y ponen en riesgo a determinadas especies; de hecho, la ingestión de estos proyectiles puede causar una grave intoxicación por plomo conocida como plumbismo, al quedar retenidos en la molleja, desintegrarse y posteriormente ser absorbido por el organismo, causando una serie de problemas de salud, que pueden llevar incluso a la muerte.

Por estos motivos, hemos informado de esta situación al ayuntamiento de Toro y a la Consejería de Medio Ambiente, al tener competencias en esta materia.

IV marcha por el cierre de la incineradora de Valdemingómez. Procedencia.

La Consejería de Medio Ambiente promueve un convenio con diputaciones, consorcios de residuos y algunos ayuntamientos que pondría en peligro la salud de los vecinos afectados por la planta incineradora e hipotecaría el futuro económico de las entidades locales por el alto coste de la quema de los residuos.

Ecologistas Zamora ha conocido el borrador de convenio que la Junta de Castilla y León está proponiendo a las diputaciones provinciales y consorcios de residuos, así como a tres ayuntamientos de la comunidad (Valladolid, Burgos y Soria) para que se comprometan a “entregar el tratamiento de residuos municipales a una futura planta de valorización energética de Castilla y León”. Se desestima así en dicho convenio la posibilidad de diseminar plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional y se opta por una macroincineradora de residuos, cuya capacidad mínima se cuantifica ya en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, con posibilidad de incrementarse hasta 500.000 toneladas al año, tal como estima Ecologistas en Acción de Castilla y León.

Al parecer será la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la que decidirá la ubicación de esta gran incineradora, además de su explotación y gestión a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL).

De este modo, la Junta de Castilla y León, lejos de elaborar un nuevo Plan Regional de Residuos con participación social, que respete las competencias que la Ley otorga a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, y que se adecúe a las directrices europeas y los principios básicos del consumo responsable que propone reducir, reutilizar y reciclar, decide con una absoluta falta de transparencia imponer una decisión que hipoteca el futuro, también económico, de las administraciones locales y de los ciudadanos de esta comunidad. Y es que en el borrador del convenio se prevén posibles penalizaciones o incrementos de precios en caso de no alcanzar el volumen de residuos que permitan la sostenibilidad económica de la planta.

Ecologistas Zamora pide que se retire la propuesta y el borrador de convenio y denuncia este modo opaco de actuar por parte de la Junta de Castilla y León, que hurta la oportunidad de realizar un debate en profundidad sobre las consecuencias de esta elección para solucionar los problemas ambientales del reciclaje de los residuos urbanos.

Pero sobre todo alerta sobre el peligro que supone para la salud de los habitantes las emisiones tóxicas al aire, ya que diversos estudios evidencian el riesgo estadísticamente significativo de sufrir enfermedades y tumores en las personas que viven cerca de estas plantas incineradoras. Hay que tener en cuenta que la que se pretende instalar en Castilla y León tendrá un tamaño mayor que la del Ayuntamiento de Madrid situada en Valdemingómez, a la que iría a parar diariamente la carga de basura de numerosos camiones procedentes de toda la comunidad.

Resulta paradójico que mientras la Comunidad de Madrid está planteando cerrar esta planta en la próxima década, la de Castilla y León promueve la construcción de otra mayor en nuestra región. ¿Qué oscuros propósitos se esconden en esta decisión?

Por último, Ecologistas Zamora cree que el transporte de vehículos pesados con residuos hacia la futura planta no hará sino agravar la huella de carbono y aboga por una reflexión no solo sobre el tratamiento de los residuos en todo su ciclo de generación y tratamiento.

Desde «Ecologistas Zamora» en la comunidad autónoma de Castilla y León, España, repudiamos la persecución del Gobierno de Mendoza a los activistas ambientales que luchan por el agua pura y por la no instalación del emprendimiento minero «San Jorge» el cual no tiene ni licencia social por parte de la población ni un estudio de impacto ambiental serio que garantice su viabilidad, la cual sería imposible. Para ello ya se han expedido referentes de la temática, científicos y autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes lo han desaconsejado.

Situaciones análogas de intentos de instalar megaminería se dan tanto en el Norte provincial, Uspallata, como en el sur provincial, Malargüe, y de instalarse los mismos, a causa de la falta de transparencia y controles producto de la corrupción estatal, tienen una alta probabilidad, casi del 100% de terminar en catástrofes socioambientales, como sucedió ya varias veces un poco más al norte de Mendoza, en la mina de Oro (Y sus subproductos de tierras raras no declaradas) de Veladero, en la vecina provincia de San Juán, y que ya por varios derrames ha contaminado ríos y arroyos que abastecen a la población de Jachal, que fue víctima del derrame de un cóctel químico mortal de Cianuro, Mercurio, Plomo, Aluminio, Manganeso, Níquel y Arsénico, lo que a su vez ocasionó problemas de salud en la comunidad, con fallecimientos incluidos, daño a la flora y fauna, y daño a los cultivos, entre ellos, los viñedos tan famosos de esa zona.

Procedencia de la imagen superior: «Denuncian un nuevo derrame en Veladero por los altos valores de metales en el agua de Jáchal – Agencia de Noticias Tierra Viva»

El PP, VOX, Junts y PNV pretenden ultrajar la protección legal del lobo sin criterios científicos y puenteando los procedimientos administrativos.

La semana pasada y empleando artimañas legales que nada tienen que ver con los procedimientos administrativos reglados en materia de conservación de la biodiversidad, se aprobó por mayoría en el Congreso -con los votos del PP, VOX, Junts y PNV- un cambio en la protección legal del lobo, una especie para la que, desde 2021, su caza y control están prohibidos.

La protección del lobo nunca debe estar basada en presiones electoralistas y no debe ajustarse a decisiones y artimañas que puentean los procedimientos legales. Nunca se debería rebajar la protección legal del lobo con artificios enmarcados en una ley que, sobre el derroche de alimentos, nada tiene que ver con el lobo. Recordemos además que, para poder cazar lobos, sería necesario argumentarlo con informes técnicos y científicos que deberían ser evaluados previamente por un comité de expertos. Además, esta especie en España se encuentra en un estado de conservación desfavorable, su población sigue estancada en términos numéricos y presenta problemas endogámicos.

Este intento de modificación del estatus de protección del lobo protagonizada por PP, VOX, Junts y PNV la pasada semana, es parte de una campaña que, en los últimos meses, vienen protagonizando varias administraciones, diferentes partidos políticos y un puñado de medios de comunicación que avalan sus postulados. Se han generado bulos e informaciones deformadas referentes al lobo, se ha sembrado el miedo y se ha acusado a esta especie de protagonizar un crecimiento desmesurado (cuando en España hay los mismos lobos que en 1990 y actualmente ocupan una cuarta parte de su área de distribución original); también se ha repetido hasta la saciedad que el lobo es una especie incompatible con la presencia de ganado (cuando hay decenas de ejemplos de coexistencia) y, además, se ha ignorado su importancia ecológica en los ecosistemas y cultural.

Por otro lado, esta campaña pretende hacer ver a la sociedad que los lobos suponen un problema gravísimo para el sector ganadero, cuando en realidad son otras muchas -y más importantes- las debilidades del sector (tratados de comercio internacional, estancamiento de los precios, intermediarios, etc.). Además, recordemos que el sector primario está obligado a coexistir con la biodiversidad -y por tanto con el lobo-, ya que existe una condicionalidad derivada del cobro de las ayudas de la PAC; de ahí que, pedir caza de esta especie mientras se cobran estas subvenciones es una actitud irresponsable, egoísta e incompatible con estas ayudas.

Por otro lado, volver a cazar lobos sería caer en el mismo error arrastrado durante décadas. Como se desprende de diferentes estudios científicos, la eliminación de ejemplares por caza o controles no es una medida eficaz para reducir los ataques al ganado y, de hecho, puede explicar ataques más recurrentes al desestructurar los grupos familiares, que no pueden -con menos efectivos- cazar ungulados silvestres. Recordemos que la presencia de lobos reduce numéricamente al jabalí y esto repercute en la reducción de los daños en los cultivos y también, minimiza los riesgos de accidentes de tráfico en algunas carreteras. Aunque pueda resultar paradójico, el lobo actúa como aliado del ganadero porque elimina a los herbívoros que pudieran portar algunas enfermedades transmisibles al ganado extensivo, favoreciendo la salud de las explotaciones de la zona.

Como pilares fundamentales en la coexistencia con el lobo, se deben seguir promoviendo las medidas de protección del ganado. El empleo de mastines, la presencia humana durante el día o el uso de apriscos durante la noche, reducen la conflictividad, limita -en ocasiones totalmente- la vulnerabilidad de los rebaños y, además, es una solución pacífica (sin muerte). En pleno siglo XXI el conocimiento científico, la mayor y creciente conciencia ambiental de nuestra sociedad y la crisis ambiental en la que estamos embarcados, nos obligan a conservar a nuestros lobos.

Fotografía de EZ: Lobos en Robledo.

Con el nombre de Proyecto Sexmil, el pasado mes de enero fue sometido a consulta a los ayuntamientos implicados y a diversas organizaciones del Estado, la Comunidad y la Provincia, un enorme proyecto que afecta a 7 municipios, principalmente Corrales del Vino (planta de hidrógeno), Cabañas de Sayago (173.448 paneles solares en 215,88 ha), Pereruela (179.658 paneles solares en 213,61 ha) y El Cubo (8 aerogeneradores gigantescos y unos 200 metros de altura total en 360 ha)

En el caso de Corrales del Vino la necesidad de agua máxima al día estimada en el proyecto es de 1.218 metros cúbicos.  “Se estaría hablando de una piscina olímpica cada dos días”, calcula el periodista de Enfoque. El consumo anual recogido en proyecto sería de 312.000 m3 (funcionando a un 70%)

El plazo para emitir respuestas a la consulta terminó el pasado 6 de febrero. Ecologistas Zamora presentó estas alegaciones: