Las alegaciones presentadas sobre el proyecto en fase de consultas previas, expresan una serie de preocupaciones fundamentadas en aspectos económicos, ambientales, sociales y de seguridad
Se argumenta en primer lugar que esta infraestructura es innecesaria, ya que no existe una demanda clara y suficiente de hidrógeno verde en Europa para justificar su construcción. Los estudios e informes, como el del Tribunal de Cuentas Europeo, indican que los objetivos de producción e importación de hidrógeno fijados por la Unión Europea parecen basarse en motivos políticos más que en análisis rigurosos y realistas. Además, se señala que la demanda prevista para 2030 no alcanzaría los niveles inicialmente propuestos, lo que podría traducirse en una inversión pública y privada que no tendría retorno, resultando en un despilfarro de recursos.
En segundo lugar, se cuestiona la necesidad de invertir fondos públicos en un proyecto de estas características, sugiriendo que estos recursos podrían emplearse mejor en alternativas más eficaces y probadas, como la electrificación directa, el autoconsumo, la mejora de la eficiencia energética y el impulso a comunidades energéticas. La prioridad, según estas alegaciones, debería ser reducir la dependencia de tecnologías costosas e ineficientes, y enfocar los esfuerzos en sectores donde la electrificación y otras soluciones puedan ser más efectivas y sostenibles.
Otra preocupación importante es que el proyecto parece seguir una estrategia que mantiene la dependencia del gas fósil, mediante técnicas como el «blending» o mezcla de hidrógeno con gas natural. Esto podría prolongar la utilización de combustibles fósiles en lugar de avanzar hacia una transición energética genuina y limpia. La experiencia de empresas como Enagás y REN indica que estas mezclas no prevén un uso exclusivo de hidrógeno verde en el futuro cercano, lo que pone en duda la verdadera finalidad del gasoducto.
Asimismo, se destaca que el hidrógeno, como vector energético, presenta una eficiencia limitada para su uso en transporte o generación de energía, debido a las pérdidas significativas en cada etapa del proceso, desde la producción mediante electrólisis, hasta su transporte y conversión final en electricidad. Esto hace que su uso sea poco eficiente y costoso, especialmente en comparación con otras tecnologías.
La único interés que Ecologistas Zamora sospecha que existe realmente es el de justificar otras infraestucturas de macro renovables igualmente desafortunadas, por su nula planificación y la desmesurada ocupación de territorios, unas energías, por otra parte, que precisan de una importante fuente fósil, como es el gas natural, para estabilizar la tensión a través de centrales de ciclo combinado. En este sentido, Ecologistas Zamora ha solicitado recientemente una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias a estas industrias mientras no se oriente la producción hacia una forma más distribuida, más comunitaria y más razonable de producción.
El transporte de hidrógeno a largas distancias también resulta muy costoso y poco eficiente, con riesgos asociados como fugas que pueden tener impactos negativos en el clima, dado que el hidrógeno es un gas de efecto invernadero indirecto. La producción de hidrógeno a gran escala requiere extensos recursos de suelo y agua, lo que puede afectar ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales, además de poner en peligro hábitats protegidos y zonas de gran valor ecológico, como la Reserva de la Biosfera «Meseta Ibérica» y otras áreas de biodiversidad.
Desde el punto de vista social y de seguridad, se expresan preocupaciones sobre los posibles riesgos de accidentes, fugas, explosiones y molestias durante la construcción y operación del gasoducto. La presencia de maquinaria pesada, ruidos y polvo puede afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas. Además, la infraestructura puede representar un riesgo para la salud, especialmente en caso de fugas o fallos en las instalaciones, y puede generar inseguridad en las comunidades, que además no han sido consultadas adecuadamente.
Por todo ello, las alegaciones concluyen que, en base al principio de precaución medioambiental, es necesario detener y reevaluar este proyecto. Se solicita realizar estudios exhaustivos sobre su viabilidad futura, impacto social y económico, y alternativas más sostenibles y eficientes. La prioridad debe ser proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad de las comunidades y promover soluciones energéticas que realmente contribuyan a una transición energética justa y efectiva.
Zamora, a 12 de mayo de 2025