IV marcha por el cierre de la incineradora de Valdemingómez. Procedencia.
La Consejería de Medio Ambiente promueve un convenio con diputaciones, consorcios de residuos y algunos ayuntamientos que pondría en peligro la salud de los vecinos afectados por la planta incineradora e hipotecaría el futuro económico de las entidades locales por el alto coste de la quema de los residuos.
Ecologistas Zamora ha conocido el borrador de convenio que la Junta de Castilla y León está proponiendo a las diputaciones provinciales y consorcios de residuos, así como a tres ayuntamientos de la comunidad (Valladolid, Burgos y Soria) para que se comprometan a “entregar el tratamiento de residuos municipales a una futura planta de valorización energética de Castilla y León”. Se desestima así en dicho convenio la posibilidad de diseminar plantas de menor tamaño por distintos puntos de la geografía regional y se opta por una macroincineradora de residuos, cuya capacidad mínima se cuantifica ya en 350.000 toneladas anuales de residuos domésticos, con posibilidad de incrementarse hasta 500.000 toneladas al año, tal como estima Ecologistas en Acción de Castilla y León.
Al parecer será la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la que decidirá la ubicación de esta gran incineradora, además de su explotación y gestión a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL).
De este modo, la Junta de Castilla y León, lejos de elaborar un nuevo Plan Regional de Residuos con participación social, que respete las competencias que la Ley otorga a los municipios en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, y que se adecúe a las directrices europeas y los principios básicos del consumo responsable que propone reducir, reutilizar y reciclar, decide con una absoluta falta de transparencia imponer una decisión que hipoteca el futuro, también económico, de las administraciones locales y de los ciudadanos de esta comunidad. Y es que en el borrador del convenio se prevén posibles penalizaciones o incrementos de precios en caso de no alcanzar el volumen de residuos que permitan la sostenibilidad económica de la planta.
Ecologistas Zamora pide que se retire la propuesta y el borrador de convenio y denuncia este modo opaco de actuar por parte de la Junta de Castilla y León, que hurta la oportunidad de realizar un debate en profundidad sobre las consecuencias de esta elección para solucionar los problemas ambientales del reciclaje de los residuos urbanos.
Pero sobre todo alerta sobre el peligro que supone para la salud de los habitantes las emisiones tóxicas al aire, ya que diversos estudios evidencian el riesgo estadísticamente significativo de sufrir enfermedades y tumores en las personas que viven cerca de estas plantas incineradoras. Hay que tener en cuenta que la que se pretende instalar en Castilla y León tendrá un tamaño mayor que la del Ayuntamiento de Madrid situada en Valdemingómez, a la que iría a parar diariamente la carga de basura de numerosos camiones procedentes de toda la comunidad.
Resulta paradójico que mientras la Comunidad de Madrid está planteando cerrar esta planta en la próxima década, la de Castilla y León promueve la construcción de otra mayor en nuestra región. ¿Qué oscuros propósitos se esconden en esta decisión?
Por último, Ecologistas Zamora cree que el transporte de vehículos pesados con residuos hacia la futura planta no hará sino agravar la huella de carbono y aboga por una reflexión no solo sobre el tratamiento de los residuos en todo su ciclo de generación y tratamiento.
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