Ecologistas Zamora recuerda que en asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, la ley dice que cualquier persona está legitimada sin necesidad de demostrar un interés personal o particular en los proyectos.
Para la asociación ecologista, se trata de un manera antidemocrática de «quitarse de encima» las numerosas alegaciones que se han presentado a los diferentes proyectos de biogás que están erupcionando en la provincia de un tiempo a esta parte, pues muchas de las personas que alegaron prefieren desistir antes de volver a enviar papeles a la administración.
Ecologistas Zamora ha tenido conocimiento de este hecho a través de sus socios pero también ha sido advertida de que otras asociaciones claramente dedicadas a la defensa del medio ambiente, como es Zamora Viva, han sido requeridas a tal efecto.
La legislación española protege el derecho del público a participar en procedimientos administrativos ambientales, incluso en defensa del interés público y general. Por una parte, se ha de citar la Ley 27/2006, de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por otra, la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPACAP), que en el Artículo 4 reconoce como interesados a quienes ostenten intereses legítimos, individuales o colectivos, siendo la defensa de la legalidad ambiental un interés legítimo colectivo que puede ser ostentado por cualquier persona.
Por si fuera poco, el Convenio de Aarhus, y que es de obligada aplicación en España, garantiza el acceso a información, participación pública y justicia tanto para ciudadanos como para ONGs y comunidades, y tiene como fin asegurar un medio ambiente saludable para generaciones actuales y futuras.
De acuerdo con esta legislación, no se comprende la actuación de la Junta de Castilla y León, a no ser que con sus escritos a particulares y asociaciones pretenda conculcar derechos ambientales clave, lo cual implicaría un nulo sentido democrático y un clamoroso desconocimiento de lo que significa proteger la participación ciudadana en asuntos que atañen a toda la población y al medio natural.
En las alegaciones presentadas, existen motivos suficientes para comprender que la alegación se realiza por motivos medioambientales pues en ellas aparece como cuestión principal la contaminación de los suelos y del aire a causa del empleo de residuos de origen animal.
No, no es solo que las plantas de biogás puedan causar la inhabitabilidad de las zonas donde se construyen a causa del olor, colaborando así en la despoblación, motivo más que suficiente para alegar, sino que estas zonas quedan gravemente contaminadas. Si la administración autonómica, y el partido que la gobierna, consideran lo contrario, deberán presentar informes que demuestren que se trata de industrias inocuas, pero está claro que desde el mismo momento en el que los proyectos se ven obligados a declaración de impacto ambiental es que surgen dudas sobre este punto, por lo que es absolutamente razonable y legítimo que cualquier ciudadano pueda presentar alegaciones.
Por último, subrayar que sobre este hecho, Ecologistas Zamora plantea elevar una queja a la Consejería de Medio Ambiente, la cual parece actuar de parte de las empresas promotoras y no de la ciudadanía, así como poner en conocimiento del Defensor del Común las circunstancias de lo que califica de trabas administrativas que tratan de impedir el buen uso de los derechos democráticos.
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