Lagunas de Villafáfila. Imagen Casa del Parque. Vista aquí.
La asociación reclama el acceso íntegro a los expedientes de las plantas «Moreruela I y II» ante los indicios de un consumo masivo de agua subterránea que duplica de forma global los límites de sostenibilidad en una zona de extrema sensibilidad ambiental, y que la Junta solo ha tenido en cuenta de forma individualizada.
Para esta asociación, no se trata de dos actuaciones hidrogeológicamente desconectadas, sino de dos captaciones próximas cuya posible interacción sobre Red Natura 2000 debe evaluarse científicamente, tal y como exige la la Directiva 92/43/CEE.
Así mismo, Ecologistas Zamora denuncia trabas burocráticas por parte de la Consejería en el acceso al expediente completo. La organización denuncia que el Gobierno autonómico está utilizando maniobras formalistas —como la exigencia del uso exclusivo del formulario normalizado IAPA 364— para retrasar la entrega de expedientes. Esta traba burocrática vulnera abiertamente el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, normativas que obligan a la entrega directa de los archivos solicitados. Es por ello que se ha ha exigido formalmente el acceso efectivo, íntegro y ordenado a toda la documentación ambiental de los macroproyectos fotovoltaicos «Moreruela I» (promovido por UTU Solar, S.L.) y «Moreruela II» (promovido por Inari Solar, S.L.).
La petición de información viene motivada además por la propia resolución de la Consejería que reconoce la vulneración del plazo máximo de seis meses que fija la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para resolver y notificar la autorización ambiental, la cual se debe a «la solicitud de informes preceptivos y determinantes, así como de los requerimientos de subsanación y aportación de documentos practicados durante la instrucción del expediente». Sin embargo, se desconoce de qué informes se trata, si fueron publicados y cómo y qué fecha determinó jurídicamente la Junta para reiniciar el cómputo.
El colectivo quiere verificar la trazabilidad completa del procedimiento pues sospecha que la Junta ha podido vulnerar el plazo máximo legal de seis meses de instrucción mediante «suspensiones genéricas» por solicitudes de informes, sin haber cumplido con la obligación legal de comunicar individualmente dichas interrupciones a las partes interesadas.
Desde un punto de vista medioambiental, tal y como ya ha expresado en otras ocasiones, Ecologistas Zamora alerta del impacto crítico que estas plantas pueden tener sobre los recursos hídricos de la comarca y las lagunas de Villafáfila. Según consta en las resoluciones de autorización ambiental, ambos proyectos cuentan con concesiones de aguas subterráneas procedentes de la masa ‘400031 – Villafáfila’ para uso industrial, con una alarmante cifra de 233.911,4 metros cúbicos de extracción al año (117.000,7 m³/año para Inari y 116.910,7 m³/año para Utu).
Ecologistas Zamora advierte de que existen datos que facultan la petición de una paralización cautelar de los proyectos, petición que se formulará en tiempo y forma junto con el escrito de reposición. Así, la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Moreruela II reconoce serias limitaciones para definir el flujo subterráneo debido a la falta de densidad de datos y estudios locales suficientes. Aun así, la Junta ha dado luz verde a las autorizaciones invocando supuestos informes que justificarían que no habrá efectos negativos sobre el delicado régimen lagunar de las Lagunas de Villafáfila y que para esta organización podrían no ser suficientes para probar que no habrá afección sobre un espacio altamente protegido.
Es por ello que Ecologistas Zamora reclama la entrega inmediata de todos los estudios hidrogeológicos, ensayos de bombeo, modelos numéricos de incertidumbre y los informes preceptivos para su detallado análisis no solo de forma individual sino englobando los dos proyectos.
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